MSc. Mario Peña Chacón Consultor legal ambiental, profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Según el XII Informe del Estado de la Nación, Costa Rica  recibe más de 167 km3 de precipitaciones anuales, dispone 112,4 km2 de recurso hídrico, posee 34 cuencas hidrográficas y cuenta con un índice de  cobertura de agua para consumo humano de un 82.2%. 

A pesar de lo anterior,  los cuerpos acuáticos superficiales presentan un grado importante de contaminación proveniente en un 20% de aguas residuales urbanas, un 40% de desechos sólidos e industriales y un 40% se originado  del sector agrícola.  Únicamente el 3% de los efluentes producidos en el país son tratados y tan sólo el 5% del sector industrial cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales, además, diariamente cerca de 250  mil m3 de aguas residuales son vertidos en el Río Virilla ubicado en el Gran  Área Metropolitana, convirtiendo a la cuenca del Río Grande de Tárcoles en la más contaminada de Centro América.

La gestión actual del recurso hídrico  se caracteriza por ser fragmentada, descoordinada, centralizada, vertical y poco participativa. En la práctica no se cuenta con un verdadero ente rector en la materia,  más de veinte instituciones se disputan competencias hídricas, carecemos de una moderna ley marco del recurso que amalgame  las  más de 110 normas jurídicas vigentes que lo regulan,  hay una ausencia total de planificación tanto a nivel nacional como a nivel de cuencas, adolecemos de  clasificación de la calidad de los cuerpos superficiales, y por si fuera poco, tampoco se regulan los caudales ambientales.

Con el fin de reforzar los mecanismos de comando control que no lograron, por si solos,  reducir los índices de contaminación, y además poner en práctica el principio contaminador-pagador, el Poder Ejecutivo promulgó en el año 2003 el instrumento económico de regulación de la contaminación denominado Canon Ambiental por Vertidos (decreto ejecutivo 31176-MINAE), por medio del cual los usuarios-contaminadores, ya sean  personas físicas o jurídicas, públicas y privadas (incluyendo a los entes prestatarios del servicio de alcantarillado sanitario) deben cancelarle al Estado un pago en contraprestación del servicio ambiental brindado por los cuerpos acuáticos superficiales (bienes de dominio público) por el trasporte y eliminación de los desechos líquidos originados en un vertimiento puntual, los cuales puedan causar efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana y las actividades productivas. Los fondos recaudados serían utilizados exclusivamente para financiar proyectos de alcantarillo y tratamiento de aguas residuales, promoción de producción más limpia, monitoreo de fuentes emisoras y educación ambiental. 

A pesar de las bondades antes descritas, el Poder Ejecutivo por medio del MINAET se ha negado reiteradamente a poner en práctica el canon por vertidos, a tal punto que fue la Sala Constitucional la que le ordenó, a raíz de un recurso de amparo,  tomar las medidas necesarias para su puesta en vigencia.  Como consecuencia de lo anterior, mediante el decreto ejecutivo 34431 MINAE-S del 04 de marzo de 2008 el mismo Poder Ejecutivo  estableció como fecha de entrada del instrumento jurídico  seis meses posteriores a su promulgación, mismos que se cumplieron el pasado 04 de setiembre sin que a la fecha tengamos noticias al respecto.

Los costarricenses llevamos más de cinco años esperando la implementación y correcta aplicación de este instrumento de regulación de la contaminación, y actualmente nos preguntamos:  ¿Será que el Ejecutivo volverá a sucumbir ante los grupos de presión y se verá  obligado  a prorrogar su puesta en aplicación? ¿Será que nuevamente  tendremos que acudir a la Sala Constitucional para que lo obligue a cumplir su deber constitucional de garantizarnos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? ¿Por cuánto tiempo más sufriremos las consecuencias de la contaminación en nuestra salud y el desequilibrio de los ecosistemas? Paz con la naturaleza, paz con nuestros ríos? Tienen la palabra nuestras autoridades "ambientales".